por Sergio Alguacil para AD
Definitivamente, muchos miembros de la sociedad civil tienen serios problemas para entender nuestra presunta democracia y muestran su gran inquietud por el futuro de la dignidad e integridad de la persona. La oposición a la Ley del Aborto (llamada, en realidad Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) está alcanzando unos límites peligrosos.
La preocupación por el derecho a la vida -como forma de desasosiego respecto al futuro de la dignidad de la persona- se expresa de manera muy distinta. Una de ellas es precisamente la insistencia en los púlpitos españoles sobre la reflexión global del privilegio básico a nacer, termómetro de derechos y libertades. El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, ha escrito una carta pastoral en la que solicita a sus fieles una “enérgica rebeldía en contra del cumplimiento de la nueva ley”. Y es que en realidad “el aborto ya ha destruido, sólo en España, más personas que las que hay en ciudades como: Zaragoza, Córdoba y Burgos”, explica el prelado. Su falta de respeto al funcionamiento democrático le lleva a asegurar que “es una falacia afirmar que la ley ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y que representa a la mayoría de los ciudadanos”. Recordemos que el Tribunal Constitucional rechazó la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, teniendo sólo en cuenta los votos particulares de cuatro magistrados: el progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, según informaron fuentes oficiales en un comunicado público.
En cualquier caso, quizá, los comentarios del presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sobre que “no existen razones para acatar la Ley del Aborto”, pueden haber abierto la veda a esta rebeldía justificada y a cientos de llamamientos como el del arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín. Evidentemente, el derecho a la vida no está separado de la historia y la tradición de los pueblos y sociedades. La procreación y los nacimientos dependen esencialmente del respeto que se les dé a los embriones como personas. Lo cierto es que cada aborto suele suponerle a la sociedad española un coste incalculable de lo que cada niño dejará de aportar al mundo en el futuro, por haber sido abortado. No es extraño pues, que Gil haya pretendido reivindicar en su pastoral el auténtico lema de: “impidamos la tiranía; tratemos de parar la lacra del aborto”.
“En la vida de las personas, instituciones y pueblos existen fechas que se borrarían del calendario, si la historia pudiera rebobinar sus páginas”.“El pasado 5 de julio de 2010 es una de ellas. Ese día se promulgó para los españoles una ley inicua, que se oponía frontalmente a la recta razón y a la justicia más elemental”, afirmó el arzobispo, miembro del Consejo Pontificio de la Familia en el Vaticano.
“Digámoslo con total claridad: esta ley no es ‘Ley’, aunque se presente así por algunas instancias políticas y legislativas”. “Nadie tiene derecho a eliminar a un inocente”, añade Gil, quien entiende la democracia del siguiente modo: “Es una falacia afirmar que esta ley ha podido ser aprobada por la mayoría del Parlamento y que además representa a la mayoría de los españoles; o decir que, si el Tribunal Constitucional lo dictamina conforme, sería una desobediencia oponerse y merecería una sanción. La falacia consiste, por lo tanto, en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen. Nadie puede legislar o tener libre impunidad para matar a un no nacido”.
El arzobispo pretende apelar al “sentido común” y no a la religión: “La recta razón no puede admitir como derecho asesinar a una persona, que no tiene ninguna culpa. He dicho razón, no religión. El derecho a existir de las personas ya concebidas, aunque todavía no hayan nacido, no es una creencia de esta o aquella religión. No se requiere ser creyente para afirmar que un inocente tiene derecho a ser defendido y respetado en su integridad como persona. La recta razón comprende que un ser humano no puede ser destruido por una responsabilidad ajena. Menos todavía si es por ganar dinero o votos. El sentido común se rebela”. Tengamos en cuenta que el diputado de UPN, Carlos Salvador, denunció el pasado 16 de julio en «La Mañana» de la COPE, que, con la nueva Ley del Aborto, Rodríguez Zapatero “no ha pretendido evitar embarazos no deseados sino terminarlos”. “ZP se ha empeñado en sacar una ley que no figuraba en ningún programa electoral, es decir, que no había obtenido la confianza de los ciudadanos españoles, para hacer esto; lo ocultó intencionadamente, y quería hacer del aborto un derecho”.
El derecho innegable a nacer sigue siendo pues, el fundamento de toda verdadera cultura. De ahí que las comunidades, donde se expresa una auténtica experiencia por la defensa a la vida y a la integridad física de las personas, constituyen un tesoro para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, Gil ha pretendido expresar libremente la opinión de que se debe proteger, urgentemente, la dimensión pública de la vida y la posibilidad de que los creyentes y no creyentes, por una vez, contribuyan a la construcción del orden social. De hecho, muchos ya lo están haciendo, a través de su implicación en una amplia red de iniciativas, que van desde los mensajes objetivos de los medios de comunicación o las conferencias pro-vida en las universidades, hasta la orientación gratuita en los centros de atención médica y organizaciones caritativas al servicio y la defensa de la familia o de la vida. El derecho a nacer, y sus libertades derivadas, son por tanto el gran tema de nuestro tiempo.
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