Aunque hasta el momento únicamente Murcia ha declarado abiertamente su intención de no aplicar la nueva Ley del Aborto, son numerosas las Comunidades que muestran su rechazo y muchas de ellas anuncian medidas para facilitar la objeción de conciencia de los facultativos y ampliar la información a las madres sobre las ayudas para seguir adelante con el embarazo.
Redacción HO-CyL- Ninguno de los complejos hospitalarios públicos de Castilla y León podrá aplicar la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ante la avalancha de objeciones de conciencia presentada por los profesionales sanitarios que trabajan en ellos. Para que en estos centros se hubieran podido practicar abortos deberían haber contado al menos con un equipo completo —un médico ginecólogo, un anestesista y un enfermero—. Sin embargo en todos ellos, alguno o la totalidad de los miembros de este equipo han decidido acogerse a la objeción de conciencia.
Así las cosas, en la Comunidad sólo se podrá acudir a abortar a los tres centros privados que ya practicaban este tipo de intervenciones desde la la aprobación de la anterior ley, fechada en 1985, situados en León, Salamanca y Valladolid. De esta forma, la Consejería de Sanidad garantizará la prestación del nuevo servicio que está obligada a ofrecer desde que el pasado lunes entrara en vigor la nueva ley. Ya el pasado mes de febrero, inexplicablemente, la Junta de Castilla y León se apresuró a firmar un convenio con la clínica Ginemédica de Valladolid para asegurarle el negocio del aborto, tal y como denunciamos desde Hazte Oír, sin haber desarrollado el mandato del Pueblo, aprobado por las Cortes Regionales, recogido en la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada (14/2008).
Entre las provincias que registran un mayor número de objeciones de conciencia en el colectivo de los profesionales sanitarios se encuentra Salamanca. El presidente del Colegio de Médicos de la provincia, Manuel Gómez, destaca el incremento de objeciones que se ha registrado en este órgano desde la aprobación en el Congreso de la nueva norma que permite el aborto libre hasta la semana 14. Un aumento que se debe, en palabras del doctor, a esa negación «en bloque» que ha habido por parte de los profesionales sanitarios a practicar las intervenciones con las condiciones y supuestos que recoge la normativa. «No vamos contra la norma», expone, por lo que pide a la vez que se respete su derecho a la objeción de conciencia y lo justifica en que cualquier sanitario «está educado para defender la vida».
Este profesional teme que las listas elaboradas por los centros, donde los profesionales de Sacyl directamente implicados han sido preguntados por escrito antes de que entrara en vigor la ley sobre su derecho a acogerse a la citada figura jurídica, puedan convertirse en una especie de «lista negra» con la que se llegue a discriminar a los sanitarios, por ejemplo, a la hora de pedir un traslado. Por ello considera que estos registros los deben manejar exclusivamente, como venían haciendo hasta ahora, los colegios de médicos, órganos independientes, que garantizan el anonimato y que dotan de protección jurídica a los inscritos en ellos. Asimismo, el doctor Gómez exige una ley que defina «claramente y con seguridad» qué es la objeción de conciencia y que también puedan acogerse a ella otros facultativos como los médicos de Atención Primaria, que muchas veces serán los primeros que tengan que enfrentarse al caso.
Desde el Colegio de Médicos de León, su secretario, el doctor Ignacio Álvarez cree que «indudablemente» la nueva normativa va a suponer un incremento de las objeciones de conciencia ya que es el único instrumento que tienen para «resolver» un conflicto ético y moral. De momento, el órgano leonés no cuenta con un registro de objetores ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ha pronunciado sobre su necesidad, aunque si que reconoce que en un futuro podría ser de utilidad.
Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Juan Manuel Garrote, recuerda que se recomendó a los profesionales sanitarios inscribirse en el registro antes de la puesta en marcha de la norma «para evitar suspicacias», aunque todo aquel que quiera hacerlo a partir de ahora también puede. La mayoría de los profesionales sanitarios consideran que el Gobierno central debería haberse esperado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra la norma por el PP y Navarra antes de aprobar su entrada en vigor.
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